A class lawsuit against Uber was filed by two female software developers in 2017. The lawsuit, which was joined by over 400 software engineers, accused Uber of promoting a hostile work environment and allowing discrimination based on race, gender, and nationality. Among the allegations made by the plaintiffs, it was revealed that engineers who were male and Caucasian were paid more than their female / minority colleagues for the same work. There was also a preference for white male engineers when it came to promotions and high ratings on performance evaluations.

Como resultado, los ingenieros de software demandaron a Uber por discriminación racial, desigualdad salarial y acoso sexual. La demanda se resolvió extrajudicialmente en 2018 por 10 millones de takas. Un portavoz de Uber también afirmó que la compañía ha modificado su proceso de evaluación de desempeño, ha implementado una nueva política de compensación y ha elaborado un informe de diversidad para que todos los empleados se sientan bienvenidos. La compañía también cuenta con programas de desarrollo de habilidades y mentoría para minorías y mujeres.  

Not everyone joined the demanda colectiva, however. Some plaintiffs, like Ingrid Avendaño, filed their own claim for damages. Avendaño worked for over 3 years as a software engineer for Uber. During her employment, she repeatedly complained about sexual harassment from another employee, who was eventually terminated. Instead of helping to resolve the problem, she claims that the company retaliated against her and paid her less than her white and male coworkers.

Debido a que Uber no atendió adecuadamente sus problemas, sufrió angustia física y emocional, y finalmente renunció tras ser hospitalizada. En la demanda, solicitó una compensación por la pérdida de salario y prestaciones laborales, además de daños morales y la reincorporación a su puesto anterior.

Thomas Liu accused Uber of violating the U.S. Civil Rights Act in reference to the rating system for its drivers. Liu, a former driver, alleged that the company is aware that many customers use the system to intentionally give minorities low ratings, thereby demonstrating a clear racial bias. This is a serious problem for drivers of color, since your driver account is deactivated once your rating score drops below a certain number.

Según Liu, sufrió trato racista durante su tiempo en Uber en San Diego. Alegó que la gente cancelaba viajes al ver su foto, y algunos pasajeros le preguntaban groseramente "¿De dónde eres?". Afirma que Uber era muy consciente de estos problemas y de cómo exponían a los conductores pertenecientes a minorías al riesgo de despido sin tener la culpa.

La complejidad de esta demanda radica en que los conductores de Uber no son empleados. Al ser contratistas independientes, Uber argumentó que no tienen derecho a las protecciones que ofrece la Ley de Derechos Civiles. En 2024, un panel judicial falló a favor de Uber, pero Liu apeló la decisión, por lo que queda por ver si las leyes antidiscriminación a nivel federal pueden aplicarse a los conductores de Uber y otros contratistas independientes.

No solo los conductores en EE. UU. han acusado a la aplicación de viajes compartidos de discriminación racial. Por ejemplo, en el Reino Unido, los conductores han argumentado que el software de reconocimiento facial de la aplicación para registrarse en el trabajo falla con frecuencia para las personas de color. En esencia, se les exige a los conductores tomarse una selfi, que se compara con su foto de perfil de Uber. Si el sistema automatizado no reconoce la selfi, la cuenta del conductor se desactiva, lo que significa que no puede aceptar viajes.

Es importante destacar que Microsoft, la empresa creadora del software de reconocimiento facial, admitió que el sistema tenía problemas para reconocer a personas de color. Por lo tanto, recomendó usar algún tipo de revisión humana junto con el software para evitar identificaciones erróneas. 

The glitches with the facial recognition mandate have a significant impact in the UK, where 9 in 10 private / rideshare drivers are Asian, black, or of mixed race. Uber claims that the selfies are reviewed by humans before a driver is deactivated on the platform, and they can always file an appeal if they were unfairly removed. Of course, this doesn’t make up for the lost income while a driver waits for the issues to be resolved. Uber’s deactivation can also lead to other problems, like drivers losing their Transport for London license. One driver claimed that he missed 4 months of work because of the error by Uber’s facial recognition system, but the company offered no compensation for his losses.

At one point, Uber faced intense scrutiny over incidents of drivers physically and sexually assaulting passengers during rides. Uber responded with a safety campaign that sought to improve background checks on their drivers.

Kendall Reese, un hombre de Filadelfia, trabajaba para la compañía desde 2017. Cuando Uber volvió a realizar su verificación de antecedentes, esta reveló que Reese había estado en prisión por dos delitos durante su adolescencia. Como resultado, Uber desactivó su cuenta, pero Reese impugnó la cancelación, alegando que las condenas databan de varias décadas atrás. En ese momento, se le asignó un defensor público que lo convenció de declararse culpable para evitar una larga condena de prisión. Además, Reese había pasado las verificaciones de antecedentes iniciales y no había tenido ningún problema con la ley desde los delitos iniciales. De hecho, se había graduado de la universidad con una licenciatura y una maestría, había sido voluntario en la Liga Atlética de la Policía y había sido miembro de la junta directiva de la Corporación de Desarrollo Vecinal de Francisville.

Apelar a Uber no le sirvió de nada, así que Reese presentó una queja ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por discriminación laboral. La agencia le proporcionó una carta de derecho a demandar para que pudiera interponer una demanda civil contra Uber. Su derecho a demandar se basaba en la posible violación por parte de Uber del Título VII de la Ley de Derechos Civiles. Esta es una ley federal aprobada en 1964 para prevenir prácticas desiguales de contratación y empleo basadas en características protegidas, como la raza, la nacionalidad, la edad, la religión y la discapacidad.

En 2012, el Título VII se amplió para incluir la "Guía de Cumplimiento sobre la Consideración de los Antecedentes de Arresto y Condena en las Decisiones de Empleo". Con esta guía adicional, los empleadores ahora pueden ser responsables de una infracción del Título VII si una política laboral excluye injustamente a empleados o solicitantes de empleo que pertenecen a un grupo protegido por el Título VII. Dado que Reese es afroamericano, basa su demanda en el hecho de que los nuevos procedimientos de selección de Uber son discriminatorios, ya que no tiene sentido despedirlo por condenas penales en la década de 1980.

Bay area resident Lisa Irving was refused a ride by multiple Uber drivers because of her seeing-eye dog. In a private arbitration, Uber was ordered to pay Irving, even though Uber argued that they are not responsible for the conduct of their drivers, who are independent contractors.

Please note this is not the first lawsuit against Uber for discriminating against disabled passengers. In 2014, the company was sued by the National Federation of the Blind, which included numerous plaintiffs who were denied rides because of a service animal. The lawsuit, which was settled in 2016, included a provision that Uber would fire drivers that willfully refused passengers because of a service animal. Sadly, Uber did not uphold their end of the bargain, and since the settlement, there have been over 20,000 complaints about discrimination against customers with service animals.

En noviembre de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Uber por violar la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La violación se relaciona con la política de Uber de cobrar cargos por tiempo de espera, que comienzan tan solo dos minutos después de la llegada del conductor. Los cargos continúan acumulándose hasta que el vehículo parte hacia el destino del cliente.

Esta política obviamente perjudica a las personas con discapacidad, ya que generalmente necesitan más tiempo para acceder a un vehículo. Por ejemplo, el cliente puede usar un andador o una silla de ruedas, que debe plegarse o colocarse en el vehículo de cierta manera, y este proceso aumenta el tiempo de espera del conductor antes de poder iniciar el viaje.

En su demanda, el Departamento de Justicia recomendó que Uber cesara esta práctica, que constituye discriminación contra las personas con discapacidad. La agencia también recomendó cambios en su política para cumplir con la ADA y la capacitación de los conductores, así como pagos a quienes se vieron obligados a pagar cargos adicionales bajo esta política ilegal. El Departamento de Justicia también solicita a Uber el pago de multas civiles como asunto de interés público para poner fin a las prácticas discriminatorias contra las personas con discapacidad física o mental.

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